Servicios Sociales, quid pro quo
El número de víctimas de los Servicios Sociales en toda España crece de forma alarmante: Madres que son separadas de sus hijos en cuanto se presentan pidiendo ayuda a las instituciones. La negación de auxilio pasa por la penalización de la pobreza y el robo legal de niños en manos del Estado.
Opinión | 26 de abril de 2016Consuelo G. del Cid Guerra
Su entramado es perfecto: Califica el desamparo a placer, por su cuenta y sin riesgo alguno, conduciendo a las madres hacia un laberinto sin salida. Las coloca en procesos psiquiátricos, cuestiona su integridad, sus derechos como persona, y decide -sobre el papel- su "capacidad" de ser madre. Los niños pasan a una "familia de acogida", que cobra una mensualidad (ayuda negada a la madre biológica) durante seis meses. En ese tiempo, la madre debe seguir un protocolo de actuación para demostrar que "puede" recuperar a su hijo. Al séptimo mes, se inicia un proceso de adopción legal.
Por otro lado, los centros de menores están privatizados. La cantidad mensual por menor que se entrega a los centros, asciende hasta los tres mil euros, por lo que no sueltan al menor hasta su mayoría de edad.
La "decisión" y pasos de todo este proceso macabro se encuentra en manos de los funcionarios: Trabajadores sociales, asistentes sociales y todo aquel personal relativo a su funcionariado, incluidos psiquiatras, psicólogos y terapeutas.
Esta causa plantea una vuelta de tuerca en busca de la sinrazón y por la abolición de un sistema inhumano: Proponemos que se realicen pruebas psiquiátricas y psicológicas a todo el personal de los Servicios Sociales. Que su vida privada sea examinada con idéntico rigor al sometido por ellos mismos hacia las madres. Que su capacidad personal y laboral se cuestione del mismo modo en que ellos ejecutan los informes de desamparo y conducen a los procesos de adopción.
